El llamado Estado de Derecho es el que consagra jurídicamente la existencia de los derechos humanos. Se caracteriza por el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de la administración y consagración constitucional. En el momento de su surgimiento histórico, quienes promovían la creación de las instituciones del Estado de Derecho pensaban en garantizar los derechos civiles frente a los gobiernos, especialmente frente a las monarquías. Posteriormente, el reconocimiento de los derechos sociales condujo a una modificación profunda en las cuestiones en las que los Estados debían intervenir y en las formas en que podían hacerlo. Por ejemplo, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna hizo que los Estados tuvieran políticas sobre el tema que, en algunos casos, se implementaron a través del otorgamiento de créditos hipotecarios.
La atención de un conjunto muy amplio y diverso de demandas sociales exige un gran esfuerzo por parte de los Estados, tanto en lo que se refiere al financiamiento como a la eficiencia y a la equidad en la provisión de los servicios. En materia de financiamiento, tienen que encontrar un equilibrio entre la carga impositiva y el mantenimiento de niveles de ganancia empresaria que permitan la inversión y el crecimiento. En cuanto a la equidad y a la eficacia, deben desarrollar la capacidad para identificar y atender los problemas sociales; para eso, deben asegurar que todos los habitantes estén bien cubiertos en sus necesidades fundamentales y procurar la compensación de las desigualdades educativas, económicas y sociales.
Para concretar los derechos sociales, los distintos países aplican políticas que varían en su alcance, de acuerdo con las prioridades de cada sociedad y los recursos con los que cuentan. En un extremo, algunos países del norte de Europa han desarrollado políticas sociales de carácter universal, dirigidas a todos los habitantes y con un espectro muy grande de servicios —seguros de salud y de desempleo, sistemas educativos de alta cobertura y calidad, amplios sistemas de jubilaciones y pensiones, etc.—. Para sostener estos servicios, los Estados cobran altos impuestos. En el otro extremo, los países más pobres del planeta se caracterizan por muy baja cobertura y calidad de los servicios sociales.
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